El viernes salió promulgada la Ley N º 7658 que "crea el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales", y cuyo espíritu es el de suspender los desalojos de campesinos durante un año y medio, hasta tanto se haga un relevamiento de los grupos, las tierras que ocupan, regularizando así el dominio de las superficies.
Se calcula que en la provincia, según el matutino Página 12, hay unas 8 mil familias de pequeños productores rurales en situación de vulnerabilidad con relación a la tenencia de la tierra, cercanos a ser desalojados.
Entre el relevamiento realizado por los campesinos respecto de las causas, se indica que hay al menos cuatro familias que fueron denunciadas por Gianfranco Macri en el norte provincial, luego de que el empresario comprara unas 15 mil hectáreas en el departamento Rivadavia. Según se indicó en ese informe, "aún cuando la superficie reclamada por los puesteros no excede el 10 % de los inmuebles los cuales tienen una superficie de aprox. 15.000 hectáreas no pudimos lograr aún un acuerdo".
Por otra parte, y en casos en los cuales organizaciones campesinas informaron al grupo que representan las acciones necesarias a seguir para poder regularizar la situación de tenencia de las tierras, se mostraron molestias por parte de quienes buscan desalojar a los campesinos.
De hecho, en la transcripción de los argumentos volcados en una de las causas por quienes apuntaban a querer desalojar a familias de campesinos, se sostiene que hubo un cambio entre 2003 y 2004 que "se debió fundamentalmente a la aparición de algunas ONG. que con la excusa de asesorar a los ocupantes de las distintas propiedades en la zona de la Ruta Nacional Nº 81 incitaron a muchos de ellos que hasta ese momento habían mantenido una relación amigable y duradera en el tiempo con los propietarios de las fincas, a iniciar inscripción de planos para prescribir, a hostilizar a los encargados, a sus representantes en el normal desarrollo de sus actividades, y a realizar aperturas de picadas, deslindes y pretender alambrar determinados perímetros que tienen por única finalidad pre constituir prueba de su inexistente posesión".
También refleja el informe las distintas estrategias de engaños que se pusieron en práctica para que los campesinos firmen denuncias que al final servían de pruebas a quienes dicen ser propietarios de las tierras, para presentarlas en las demandas de desalojo ante la Justicia. Es por ello que incluso recordaron que "muchas veces las familias campesinas perdieron sus derechos a las tierras solo por desconocimiento de los mismos y la viveza de muchos".
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